Recursos Ambientales

Un plástico es un material sintético compuesto principalmente por polímeros, moléculas largas formadas a partir de derivados del petróleo. No todos los plásticos son iguales: se fabrican con distintas resinas, y cada una tiene propiedades, usos y posibilidades de reciclaje diferentes.

Para identificarlos, la industria usa un sistema de 7 códigos numéricos, normalmente impresos dentro de un triángulo en la base de los envases:

1 – PET (botellas de bebidas, envases transparentes): uno de los más reciclados en Chile.
2 – HDPE/PEAD (envases de detergente, tapas rígidas): también de alta reciclabilidad.
3 – PVC (tuberías, algunos envases): más difícil de reciclar, requiere plantas específicas.
4 – LDPE/PEBD (bolsas, film plástico): reciclable en puntos especializados.
5 – PP (tapas, envases de yogurt): cada vez más aceptado en puntos limpios.
6 – PS (poliestireno, bandejas, plumavit): de reciclaje muy limitado.
7 – Otros (mezclas o plásticos no clasificados en las categorías anteriores): en general no reciclables por vía convencional.

Conocer este código es el primer paso para separar correctamente los residuos antes de llevarlos a un punto de reciclaje o de organizar la gestión de residuos de una empresa.

En Chile conviven distintos tipos de puntos de acopio, dependiendo de quién los organiza y qué material reciben:

Puntos limpios municipales: instalados por las municipalidades, suelen recibir papel, cartón, vidrio, algunos plásticos y metales. Cada municipio publica sus horarios y ubicaciones en su propio sitio web.
Puntos de los Sistemas de Gestión (SIG): organizados por los propios productores para cumplir con la Ley REP, reciben específicamente envases y embalajes, neumáticos, pilas o aparatos eléctricos, según el sistema.
Puntos en supermercados y retail: muchas cadenas instalan contenedores para pilas, bolsas plásticas o envases retornables directamente en sus locales.

Para una empresa, entender esta red es clave al momento de diseñar un plan de gestión de residuos: no todos los materiales van al mismo lugar, y elegir el punto correcto evita que un residuo reciclable termine igual en relleno sanitario.

La huella de carbono es una forma de sumar, en una sola unidad de medida, todos los gases de efecto invernadero que genera una actividad, un producto o una organización. Esa unidad se llama "CO2 equivalente" (CO2e), porque agrupa distintos gases (como el metano o el óxido nitroso) según cuánto calor retienen comparado con el CO2.

Cuando se mide la huella de una empresa, normalmente se divide en tres "alcances":

Alcance 1: emisiones directas, por ejemplo de vehículos o calderas propias.
Alcance 2: emisiones asociadas a la electricidad que se compra y consume.
Alcance 3: todas las demás, indirectas, como las de proveedores o el transporte de productos.

Medir esto no es solo un ejercicio de cumplimiento: permite identificar dónde se concentran realmente las emisiones de una organización, para priorizar qué cambios tienen más impacto antes de invertir en soluciones.

La Ley REP establece que los productores de seis categorías de productos prioritarios —envases y embalajes, neumáticos, aceites lubricantes, pilas, baterías y aparatos eléctricos y electrónicos— deben organizar y financiar la gestión de los residuos que generan sus productos al final de su vida útil.

Esto no aplica solo a grandes fabricantes: dependiendo del rubro y del volumen que se pone en el mercado, muchas empresas medianas también quedan afectas, muchas veces sin saberlo hasta que reciben una fiscalización.

El primer paso siempre es el mismo: determinar si la empresa introduce al mercado alguno de los productos prioritarios y en qué categoría le corresponde cumplir.

La Ley 19.300 establece dos instrumentos de ingreso al SEIA: la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La DIA aplica cuando el proyecto no genera ninguno de los efectos señalados en el artículo 11 de la ley. El EIA es obligatorio cuando sí se presenta alguno de esos efectos, como riesgo para la salud de la población o alteración significativa de sistemas de vida de comunidades.

Elegir el instrumento equivocado no solo genera observaciones: puede significar meses de atraso en la tramitación. Por eso conviene un análisis técnico serio antes de decidir por qué puerta entra un proyecto al SEIA.

La Participación Ambiental Ciudadana (PAC) permite a cualquier persona u organización de la comunidad conocer un proyecto sometido al SEIA y formular observaciones durante el periodo de evaluación.

Estas observaciones deben ser consideradas por la autoridad ambiental antes de resolver, y en muchos casos permiten mejorar el diseño del proyecto o sus medidas de mitigación antes de que sea demasiado tarde.

Un proceso de PAC bien gestionado por el titular —con información clara y espacios reales de diálogo— reduce el riesgo de conflictos y de judicialización posterior.